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Notas (PDF) Anexos (PDF)
NOTAS EXPLICATIVAS En el presente informe se han empleado las siguientes abreviaturas: ANMAT Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Los nombres de los países y zonas son los que eran de uso oficial en el momento en que se reunieron los datos pertinentes.
Prefacio Así como la electricidad y el teléfono cambiaron la vida de las personas en el siglo XX, la Internet está revolucionando la manera de vivir en la actualidad. Sin embargo, como ocurre con muchas innovaciones, las ventajas vienen acompañadas de nuevos problemas; en el caso de la Internet, existe un verdadero peligro de que sus beneficios se vean gravemente menoscabados por delincuentes interesados en obtener ganancias ilícitas. La responsabilidad de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes es poner sobre aviso a los gobiernos y al público en general acerca de todo hecho que guarde relación con el uso indebido y el tráfico de drogas. En el capítulo I de su informe correspondiente a 2001, la Junta examina los problemas que plantean las nuevas tecnologías, entre ellas la Internet, a los servicios de lucha contra las drogas en una era de mundialización cada vez mayor. Los delitos cibernéticos -delitos que se cometen en un medio electrónico- son fáciles de perpetrar. No exigen muchos recursos y pueden cometerse en un país mientras su autor se encuentra seguro en otro. Es difícil hacer frente a los delincuentes y sus actos en ese medio “virtual” en que las fronteras nacionales carecen de importancia y se reduce enormemente el riesgo personal para el delincuente y la posibilidad de que lo descubran. La intensificación de la vigilancia en el plano nacional y la cooperación internacional en la investigación de los delitos cibernéticos y el procesamiento de los culpables son indispensables para impedir que la Internet se convierta en una multimalla mundial de tráfico de drogas y otros delitos relacionados con éstas. En el capítulo II de su informe correspondiente a 2001 la Junta pasa revista al funcionamiento del sistema internacional de fiscalización de drogas, entre otras cosas a la evolución de la legislación en algunos países europeos con respecto al enjuiciamiento de los responsables de delitos relacionados con el cannabis. A juicio de la Junta, esas medidas no contribuirán a alcanzar el objetivo de reducir considerablemente la demanda de drogas ilícitas para 2008, objetivo éste que los gobiernos se comprometieron a cumplir en la Declaración política aprobada por la Asamblea General en 1998, en su vigésimo período extraordinario de sesiones, dedicado a la acción común para contrarrestar el problema mundial de las drogas. La Junta no ha recibido información convincente en el sentido de que la flexibilización de la legislación sobre drogas reduzca el uso indebido de éstas. Por el contrario, en los últimos 20 años, la liberalización progresiva de dicha legislación en algunos países ha traído aparejado un aumento progresivo del uso indebido de drogas. En el capítulo III se presenta un análisis de la situación mundial en materia de drogas ilícitas. Se informa sobre la reducción continua de algunos cultivos para la producción de drogas ilícitas y también sobre la fabricación y el comercio cada vez mayores de drogas sintéticas ilícitas. Queda claro que existe un apoyo prácticamente universal para los tres principales tratados de fiscalización internacional de drogas y que hay más de 170 Estados que aceptan y cumplen las obligaciones que les incumben por ser partes en esos tratados. Esos Estados no pueden ser más diversos; son países desarrollados y en desarrollo de todo el mundo unidos por el rasgo común de haberse visto afectados de algún modo por el problema mundial de las drogas, ya sea por la fabricación o el tráfico ilícitos, el abuso descontrolado o la utilización de su territorio para el blanqueo de dinero. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, cuyo mandato y misión dimanan de los tratados de fiscalización internacional de drogas, hace hincapié en que la razón por la que éstos se establecieron fue la necesidad de contener el uso indebido de drogas. La Junta observa que en todos ellos se subraya el principio de que el consumo de drogas se debe limitar a fines médicos y científicos. En ese contexto, pues, los términos “uso” o “consumo” se deben aplicar únicamente cuando se refieran al uso o consumo de drogas para fines médicos o científicos. Si no se cumple ninguna de esas dos condiciones, y en consonancia con los tratados de fiscalización internacional de drogas, puede considerarse que la droga en cuestión es objeto de uso indebido. Así pues, quienes hacen uso indebido de las drogas no son, por definición, ni consumidores ni usuarios, y las drogas y demás sustancias psicoactivas no son bienes de consumo. Es importante resistirse firmemente a todo intento de minimizar, trivializar o incluso hacer caso omiso de la gravedad del uso indebido de drogas llamándolo consumo de drogas. Es importante también que no se utilice una terminología descuidada que pueda contradecir o socavar lo expresado en los tratados. Los tratados de fiscalización internacional de drogas respaldan el avance de la ciencia y la reducción del sufrimiento humano. En ellos se subraya expresamente que se debe disponer de drogas para fines médicos con objeto de aliviar el dolor y que es indispensable realizar investigaciones científicas sobre la utilización de drogas para mitigar el sufrimiento. Al mismo tiempo, los tratados tienen por objeto proteger a las personas, la familia y la sociedad para que no sean víctimas de la dependencia de las drogas y la toxicomanía. Para los que lo son, ofrecen una respuesta humanitaria disponiendo mecanismos de tratamiento, rehabilitación y reinserción social. No obstante, los tratados no sancionan el uso socialmente aceptado de drogas. Es indispensable que el tratamiento humanitario y la rehabilitación de los que abusan de las drogas y dependen de ellas no se confundan con la “normalización” del abuso de drogas (es decir, la aceptación de su uso indebido o el hecho de considerarlo normal) ni den lugar a ésta. El consumo social y aceptado de drogas constituye uso indebido y no debe “normalizarse”, como propugnan algunos ahora. Hacerlo podría reportar beneficios a corto plazo en cuanto a economizar recursos, pero tendría consecuencias profundas para los jóvenes de hoy y para las generaciones futuras. Será difícil invertir la aceptación progresiva del uso indebido de drogas que se ha registrado en los tres últimos decenios, cuyo resultado es ahora considerar inevitable el consumo de drogas ilícitas. Cada vez más se argumenta que el consumo de drogas es una cuestión personal y uno de los derechos civiles de las personas. Si bien los derechos son importantes y se deben proteger, se hallan indisolublemente ligados a las responsabilidades, en este caso a las responsabilidades sociales. La búsqueda del placer y la libertad de elección se consideran acertadamente valores importantes en una sociedad libre, pero en relación con las drogas también pueden resultar peligrosos, no sólo para las personas, sino también para la sociedad en su conjunto, y en particular para los sectores vulnerables de la sociedad. La “normalización” del uso indebido de drogas es un enfoque de alto riesgo para un problema complejo cuya prevención debe respaldarse firmemente en la investigación científica. Hamid Ghodse |
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