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Notas (PDF) Anexos (PDF)
NOTAS EXPLICATIVAS En el presente informe se han empleado las siguientes abreviaturas: ACCORD Actividades cooperativas de la Asociación de Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Los nombres de los países y zonas son los que eran de uso oficial en el momento en que se reunieron los datos pertinentes.
Prefacio El problema mundial de la droga se suele considerar, en principio, un problema de índole social. Eso es comprensible, ya que las consecuencias perniciosas a largo plazo del abuso crónico de drogas y sus repercusiones en el adicto, su familia, la comunidad y la sociedad resultan obvios. No obstante, hay otros aspectos del problema de la droga que son comunes en todo el mundo. En el presente informe, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes examina las consecuencias económicas del cultivo ilícito destinado a la producción de drogas y del comercio de drogas ilícitas. La Junta ha centrado su examen de las repercusiones del comercio de drogas ilícitas en el desarrollo económico, que es esencial para el desarrollo sostenible y el desarrollo humano. Del examen se desprende que el tráfico de drogas no contribuye al crecimiento económico ni a la prosperidad. Aun cuando el cultivo y la producción ilícitos exijan un volumen considerable de mano de obra, no generan mucho más empleo. A fines del decenio de 1980, únicamente el 3% de la población rural de Bolivia y el Perú se dedicaba a la producción ilícita de drogas. A fines del decenio de 1990, la situación era casi análoga en el Afganistán y en Colombia. Los agricultores de los países en desarrollo que se dedican al cultivo clandestino ganan únicamente el equivalente al 1% de lo que en definitiva gastan los toxicómanos para alimentar sus hábitos. El 99% restante de los ingresos del tráfico mundial de drogas es percibido por los grupos de narcotraficantes que actúan en diversos puntos de la cadena. Así pues, la abrumadora mayoría de las ganancias devengadas por el tráfico ilícito de drogas son percibidas en los países en que se venden y consumen los productos finales, y no en los países en que se desarrolla el cultivo ilícito. Del examen que figura en el presente informe se desprende que, en realidad, la producción ilícita de drogas impide el desarrollo económico a largo plazo. Las grandes ganancias que se obtienen con las drogas ilícitas dan lugar a un consumo suntuario, promueven la inflación, destruyen la capacidad de producción y generan un crecimiento económico negativo. Cuando el cultivo y el tráfico ilícitos pasan a constituir componentes considerables de la economía de un país, aumentan en él los delitos violentos y se ve comprometido el imperio de la ley. El surgimiento de una economía basada en las drogas ilícitas suele provocar la desestabilización del Estado y el debilitamiento del orden político por causa de la corrupción. Una economía basada en las drogas ilícitas distorsiona el clima de las inversiones y destruye la base necesaria para adoptar decisiones macroeconómicas acertadas. Aumenta la afluencia de ganancias ilícitas, lo que promueve la declinación del crecimiento económico y da lugar a la sobrevaluación de los tipos de cambio. El Afganistán es un claro ejemplo de esto. El enorme aumento de la producción de opio a comienzos del decenio de 1990 sólo sirvió para exacerbar guerras civiles y acelerar la desestabilización del país. Es evidente que el comercio de drogas ilícitas no redundó en beneficio del desarrollo social y económico del país en general. Lo mismo ha sucedido en otros países. La Junta no ha encontrado indicio alguno de que la expansión de los cultivos ilícitos dé lugar al mejoramiento de ninguno de los indicadores más amplios de desarrollo a nivel nacional. En consecuencia, es necesario que la comunidad internacional ofrezca asistencia en materia de fiscalización de drogas a los países en que proliferan las drogas ilícitas y no se dispone de suficientes recursos para luchar contra los problemas que éstas plantean. Esa asistencia también debería estar encaminada a promover el desarrollo económico. En consonancia con su mandato, la Junta sigue al servicio de la comunidad internacional. Han surgido, no obstante, ciertas perturbaciones causadas por grupos que promueven la legalización de drogas o la despenalización de delitos relacionados con drogas y otros grupos que preconizan una cruzada centrada únicamente en la “minimización de daños” o la “reducción de daños”. Contrariamente a todas las pruebas de que se dispone, esos grupos de presión han insistido en proclamar que hay formas seguras de abusar de las drogas. Los partidarios de la legalización persiguen sus objetivos mediante campañas agresivas y bien financiadas y con un celo de misioneros. Sus argumentos, sin embargo, no hacen honor a la verdad. La verdad es que no hay modos seguros de abusar de las drogas. La verdad es que el abuso de drogas crea problemas para los que abusan de ellas, para su entorno inmediato y, en última instancia, para la sociedad en su conjunto. La mayoría de las personas saben muy bien lo que sufre la familia de un toxicómano y que la toxicomanía puede dar lugar a la desintegración de las familias. Muchos son conscientes también de la pérdida de productividad que sufren las empresas cuyos empleados abusan de drogas. Los gobiernos responsables no pueden hacer caso omiso del espectáculo que dan los drogadictos de aspecto descuidado en las esquinas y las estaciones ferroviarias, mendigando para financiar sus hábitos. Los Estados tienen la responsabilidad moral y jurídica de proteger a los toxicómanos de la autodestrucción. No deben ceder y permitir que los partidarios de la legalización ejerzan el control de la política nacional en materia de drogas. Los gobiernos no deben dejarse intimidar por una minoría que aboga por la legalización del uso de drogas ilícitas, sino que han de respetar la opinión de la mayoría de los ciudadanos respetuosos de la ley, que se oponen a que eso ocurra. Las personas que promueven la legalización del uso de drogas ilícitas argumentan que los adictos no deben ver lesionados sus derechos básicos; sin embargo, no parece habérseles ocurrido que los propios adictos lesionan los derechos básicos de su familia y de la sociedad. Las familias y la sociedad también tienen derechos que se deben respetar y proteger. La Junta sólo podrá cumplir cabalmente su labor, y su informe sólo quedará completo, si las autoridades nacionales de reglamentación y ejecución de las leyes le proporcionan información exacta y completa que le sirva de base para su análisis. La Junta encomia a los Estados que han facilitado su tarea proporcionándole información completa y exacta en forma oportuna. En sus esfuerzos por servir mejor a la comunidad internacional, la Junta procura establecer una estrecha cooperación con todos los Estados. Philip O. Emafo |
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