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NOTAS EXPLICATIVAS En el presente informe se han empleado las siguientes abreviaturas:
Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Los nombres de los países y zonas son los que eran de uso oficial en el momento en que se reunieron los datos pertinentes.
Prefacio Como continuación de su estudio sobre los efectos de las drogas en la sociedad, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en el primer capítulo de su informe correspondiente a 2003, examina la relación entre el uso indebido de drogas, la delincuencia y la violencia a nivel microsocial. Los efectos de las drogas, la delincuencia y la violencia a ese nivel revisten igual importancia que los efectos macrosociales de los mercados transnacionales de drogas ilícitas, y están estrechamente vinculados a ellos. A nivel microsocial, el uso indebido de drogas se suele vincular a comportamientos antisociales como la delincuencia, la criminalidad y la violencia y tiene consecuencias negativas para los individuos, las familias, los vecindarios y las comunidades que deben ser consideradas por la comunidad internacional y por los distintos gobiernos. Se considera que varios factores contribuyen al nexo entre el uso indebido de drogas, la delincuencia y la violencia, como el tipo de droga que se utiliza, las cantidades de esas drogas que se usan en forma indebida, la persona que hace uso indebido de la droga y el entorno en que se toma la droga. La emergencia del uso indebido de la cocaína crack se ha asociado a un aumento de la delincuencia y la violencia en muchas ciudades de todo el mundo. El uso indebido de algunas otras drogas se ha asociado también a la delincuencia y la violencia. En algunos casos, los toxicómanos cometen actos de violencia para generar ingresos que les permitan comprar drogas y con frecuencia esa violencia está asociada también al tráfico ilícito de drogas. El examen realizado por la Junta muestra que el grupo relativamente pequeño de los que comenten delitos graves y violentos y que también son toxicómanos representa una cifra desproporcionada de todos los delitos graves cometidos por los delincuentes. El examen muestra también que un gran número de jóvenes que están involucrados en comportamientos de violencia y de drogas con frecuencia abandonan ese comportamiento violento y de uso indebido de drogas cuando llegan a la edad adulta. Las oportunidades económicas que ofrece el tráfico de drogas pueden dar lugar a rivalidades entre bandas que compiten por una participación mayor en el mercado de drogas ilícitas. Esas rivalidades con frecuencia llevan a la violencia, en detrimento de la comunidad local. La violencia, la delincuencia y las drogas tienen efectos desproporcionados sobre ciertos individuos y sectores de la sociedad, y restringen la libertad de movimiento de las mujeres, las personas de edad y los niños en comunidades disfuncionales en que la delincuencia y el temor al delito son endémicos y están muy difundidos. Las mujeres y los niños que hacen uso indebido de drogas están expuestos a un riesgo mayor de ser víctimas de la violencia. Con frecuencia se ha considerado que las actividades de represión son la única respuesta viable a la violencia y a otros delitos relacionados con el uso indebido de drogas, pero es preciso estudiar otras formas de resolver el problema de esos delitos. Se sugiere que las personas que hacen uso indebido de drogas y cometen delitos y actos de violencia deben ser rehabilitadas mediante un enfoque multidisciplinario que incluye:
La Junta aborda la cuestión de la “reducción del daño” en el segundo capítulo de su informe correspondiente a 2003. En su informe de 1993, la Junta reconoció la importancia de ciertos aspectos de la “reducción del daño” como estrategia de prevención terciaria para reducir la demanda. Esa opinión sigue siendo válida. No obstante, toda medida adoptada para reducir los daños relacionados con el uso de drogas ilícitas debe ejecutarse siempre en el contexto de una estrategia amplia de reducción de la demanda de drogas ilícitas. Esas medidas, por lo tanto, no pueden sustituir a los programas de reducción de la demanda o realizarse a costa de ellos. Un aspecto aún más importante es que la “reducción del daño” nunca puede ser un fin en sí misma, ni debe ser el principio rector general en que se basen las políticas nacionales de reducción de la demanda de drogas. Si bien, en principio, no debe considerarse que las medidas para reducir el daño en personas dependientes de las drogas están en conflicto con los tratados de fiscalización internacional de drogas, algunos de los denominados enfoques de “reducción del daño” no son lo que parecen ser ya que causan más daño del que supuestamente reducen. No debe considerarse que los enfoques de “reducción del daño” condonan o hasta promueven el uso indebido de drogas, pero sí que contribuyen a reducir el uso indebido de drogas. El año 2003 marcó el quinto aniversario del vigésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado a la acción común para contrarrestar el problema mundial de las drogas. En abril de 2003, ministros y otros representantes gubernamentales que participaron en la serie de sesiones a nivel ministerial del 46o. período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes examinaron los progresos logrados desde la celebración del vigésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea en 1998. En su declaración ministerial conjunta, reafirmaron el compromiso de la comunidad internacional de luchar contra el uso indebido de drogas y la producción y el tráfico de drogas ilícitas. Reiteraron la importancia de aplicar plenamente los tratados de fiscalización internacional de drogas y resguardar la integridad del régimen de fiscalización internacional de drogas. La Junta pide a los gobiernos que pongan en práctica los planes de acción aprobados por la Asamblea General en su vigésimo período extraordinario de sesiones. Los gobiernos deben desarrollar mecanismos objetivos y fiables para evaluar en forma efectiva los efectos de las políticas de drogas y deben poner en práctica programas sostenibles de reducción de la oferta y la demanda de drogas, con objetivos tanto a corto como a largo plazo. El apoyo prestado por los miembros de la sociedad civil a los tratados de fiscalización internacional de drogas se puso de manifiesto en abril de 2003, cuando el Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Presidente de la Comisión de Estupefacientes recibieron más de 1,3 millones de firmas de ciudadanos de unos 60 países. En esa ceremonia, una ex toxicómana habló con gran emoción sobre su experiencia y exhortó a los gobiernos a que trabajaran con las organizaciones no gubernamenles y de la sociedad civil para proteger las personas en riesgo de uso indebido de drogas y promover la observancia nacional de los tratados de fiscalización internacional de drogas. La Junta cree que todavía queda mucho por hacer para prevenir el uso indebido de drogas y proteger a los toxicómanos y a la personas en riesgo de uso indebido de drogas. A este respecto, hay funciones que deben cumplir los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales. Todos deben trabajar de consuno para suprimir la miseria y el dolor asociados al uso indebido de drogas. Philip O. Emafo |
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